lunes, 17 de diciembre de 2012

CASO CNA: LA VERGONZOSA FISURA DEL MODELO


En Chile adolecemos de mala memoria. La noticia de hoy nos hace pensar en problemas que tienen profundas raíces como si hubieran comenzado tan sólo horas atrás. Así sucede con el caso de la Comisión Nacional de Acreditación, escándalo cuyas dimensiones nos hacen olvidar que se trata simplemente de una consecuencia cuyo origen se remonta, otra vez, a las bases de nuestro sistema educativo. 

Origen en la LOCE

Como un inexplicable error involuntario, el sistema de educación de mercado que se nos impuso durante la dictadura dejó una grieta legislativa, y es allí donde radica el inicio de todo lo que hoy observamos en torno a la educación superior. La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), una de las ‘leyes de amarre’ de la administración Pinochet, se trata en su mayoría de una ley que legitima la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación y que consolida el modelo educativo neoliberal que hoy permea nuestra educación básica y media. Por ello, resulta difícil imaginar el por qué del lapsus que el mismo gobierno que autorizó las universidades privadas evidencia en esta legislación con respecto al tema del lucro. Allí se establece que las universidades no creadas por ley “(…) serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial.” 

Más allá de las razones, este requerimiento está y es ley y su no cumplimiento debería estar asociado a algún tipo de penalización. Se ha dicho que, pese a que es ley, es imposible sancionar a las universidades que no cumplen con este requerimiento legal, pues no hay mecanismos específicos de control. No obstante, la misma LOCE entrega atribuciones al Consejo de Educación Superior para realizar seguimiento a las instituciones de educación superior y para cerrarlas en caso que estas no cumplan con lo declarado en sus proyectos. Basta con ver en este link la lista de instituciones que han sido cerradas desde 1993 por esta institución. También establece que el Ministerio de Educación tiene atribuciones para quitar el reconocimiento y la personalidad jurídica a las instituciones que no estén cumpliendo con lo declarado en sus proyectos. De esta manera, podemos ver que las instituciones del Estado han sido por varios años ‘selectivamente negligentes’ a la hora de supervisar y cerrar universidades. 

Así, era predecible que esta pequeña fisura en una ley orientada completamente hacia la privatización y el mercado tarde o temprano generaría algún tipo de mal funcionamiento o perversión en el sistema. 

Un antiguo secreto a voces

Sería ingenuo pensar que las irregularidades en las instituciones de educación superior son recientes. Recordemos, por ejemplo, que casos emblemáticos como la Universidad del Mar, la Universidad Pedro de Valdivia y la Universidad del Desarrollo se fundaron en los años 1989, 1987 y 1990, respectivamente. En este sentido, es probable que las malas prácticas se hayan venido desarrollando desde hace años sin que nadie las controlara ni sintiera la conveniencia de hacerlo en torno a un negocio que parecía funcionar bastante bien para todos los involucrados.  

Desde 2006, además de los mecanismos de fiscalización ya establecidos en la LOCE, se instaura un sistema claro y explícito de aseguramiento de la calidad de la educación superior a partir de la creación del sistema de acreditación. En la ley que crea la CNA se establecen reglas claras acerca de posibles conflictos de interés y se sindica a todos sus miembros como responsables por el cumplimiento de las normas establecidas en el documento, de manera que nuevamente no hay excusas para no haberse hecho cargo de las múltiples irregularidades desde ese entonces.

Recordemos también que ya a fines de 2011 tanto abogados de la Universidad de Chile como el entonces miembro de la Comisión Nacional de Acreditación, Patricio Basso, presentaron denuncias de lucro contra la Universidad Santo Tomás y UNIACC, ambas funcionando al día de hoy con una promesa de investigar por parte del MINEDUC que se hizo un año después de las denuncias, posiblemente en respuesta al revuelo mediático.

Además, a mediados de 2011 tenemos al mismo Ministro de Educación de ese entonces, Joaquín Lavín, cuestionado por posible lucro en relación con la Universidad del Desarrollo debido a la creación de sociedades espejo que le permitirían obtener beneficios de forma indirecta. Si bien renunció a su cargo en la institución, sigue hoy siendo ministro de otra cartera, y en su última declaración de intereses indica que sigue siendo dueño del 85% del capital de la sociedad (espejo) Estudios Económicos Ltda. 

Junto con lo anterior, a fines de 2011 la Comisión Investigadora de la Educación Superior del Congreso Nacional había comenzado ya a indagar en torno al lucro. En el informe liberado a mediados de este año, que no olvidemos fue rechazado por los parlamentarios, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Íñigo Díaz, declaraba:

Ahora, por supuesto, existe conflicto de interés y, como presidente, me duelen mucho, porque hay inhabilidades establecidas por la ley y una cantidad de otras inhabilidades que deben ser definidas por las personas. Tenemos el caso de los profesores de la Universidad Mayor, que eran socios y dueños de una agencia acreditadora. Esa relación no está limitada por ley, no obstante, la agencia en cuestión no puede acreditar a esa institución, así como tampoco a la Universidad Andrés Bello, pues firmaron una declaración en la que se comprometen a no acreditar en los próximos años nada relacionado con esa casa de estudios, donde precisamente ellos están trabajando actualmente. Con ello, se soluciona el problema. Sin embargo, todos sabemos que los dueños de la Universidad Andrés Bello también son propietarios de otras universidades y, por lo tanto, deberían inhabilitarse con relación a todo el conglomerado.”

Pese a que el propio presidente de esta institución estaba hablando sobre las irregularidades, a las que hoy se suman almuerzos con rectores y regalos por parte de universidades durante los procesos de acreditación, no parece haber voluntad política para investigar y legislar al respecto. De hecho, días atrás los disputados de ambas coaliciones volvieron a rechazar investigaciones en torno al lucro y a la CNA, pese a los escándalos criminales que se difunden hoy por la prensa. En ese sentido, el real escándalo es que hasta ese momento, con todas las muestras de ilegalidad defendidas largamente por los empresarios de la educación frente a la opinión pública, ninguna de las instituciones del Estado haya utilizado las atribuciones que sí tiene para actuar al respecto.

La puerta giratoria de la clase política

Resulta irónico para un gobierno que prometió terminar con las puertas giratorias tener tanto crimen cerca de sus filas. Hoy tenemos formalizado a Eugenio Díaz, ex presidente de la CNA, por cohecho, negociación indebida, lavado de activos y violación de secreto. Se encuentra detenido hoy principalmente por aceptar dinero para asegurar la acreditación de la ya desacreditada Universidad del Mar mientras era parte de la CNA. 

Junto con Díaz, están formalizados también Ángel Maulén, ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, y Héctor Zúñiga, ex rector de la Universidad del Mar, por soborno y lavado de activos. A ello se agregan las sospechas contra otro Ministro de Estado, Teodoro Ribera, ex rector de la Universidad Autónoma, quien ha dado diferentes versiones acerca de su contacto con Luis Eugenio Díaz y ha defendido a los políticos con poder económico indicando que, de no gobernar ellos, habría que buscar políticos ‘en las hospederías del Hogar de Cristo’ (así, literalmente) o en personas que se dediquen exclusivamente a la carrera política.

Sin embargo, hay que ser cuidadoso, puesto que la espectacularidad de estos casos hace que nos olvidemos que esta es una bola de nieve que viene rodando hace bastante tiempo y que el color de hormiga hoy solamente se ha puesto más negro que nunca.  

Lo que viene

Luego de las irregularidades de la CNA, tenemos hoy a un Ministro Beyer prometiendo una nueva regulación de este sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Se valora el intento, pero cuesta no pensar en cómo insistentemente se ha utilizado el rótulo de ‘acreditada’ como medio de publicidad para atraer nuevos ‘clientes’ a estudiar a través de la promesa de la calidad, para hoy enterarnos que son pocas las instituciones que no obtienen esta codiciada categoría, convirtiendo todo el proceso un gran gasto inútil de recursos estatales que únicamente ha servido para ayudar a los privados a ganar más dinero. ¿Cómo se recupera ese dinero de todos? ¿Qué se hace con las universidades acreditadas actualmente? ¿Se puede considerar válido el proceso?

Junto con ello, hoy tenemos al nuevo director de la CNA, Matko Koljatic, quien se ha declarado abiertamente a favor del lucro en las universidades, a las que entiende como empresas, siempre y cuando este mercado se regule de mejor manera. Aclara, sí, que respetará la ley en el sentido de votar en contra de la acreditación de aquellas instituciones cuyo lucro sea demostrado. No obstante, cuando se le habla más allá de su voto en contra al detectar lucro y se le pregunta en CNN Chile por su deber de denunciar estas ilegalidades a la justicia, él simplemente responde que tendría que hacerse asesorar por un abogado, ya que él es ingeniero y no sabe de estos temas. Se puede, entonces, vislumbrar el futuro de la institución.

El modelo como causa

Como veíamos al inicio, es la extraña fisura de la LOCE la que genera todo el problema. Al prohibir el lucro, genera una contradicción con el modelo de mercado que impera en nuestro sistema educativo, obligando a los empresarios de la educación a buscar subterfugios para obtener ganancias a través de sus universidades. Si no fuera por ello, todos lucrarían abiertamente con la educación superior, de la misma manera que hoy se hace con la educación básica y media, y nadie estaría reclamando nada a nivel de autoridad política, pues de aquellos que están en el poder, a nadie parece molestarle la idea de la educación como bien de consumo.

El conflicto de fondo es, por lo tanto, hasta qué punto podemos confiar en un sistema de acreditación futuro mientras este esté diseñado por los mismos grupos que se benefician del modelo actual. Nuevamente emerge como eje central el conflicto ideológico entre lo que piensa la ciudadanía y lo que piensan los políticos-empresarios en relación con la educación: la ciudadanía espera un modelo en que la educación de calidad sea un derecho para todos en todos los niveles del sistema, y no un bien de consumo por el que debemos competir; los políticos-empresarios, por su parte, seguirán defendiendo la idea de la educación como un servicio más ofrecido por el mercado y, tal está visto, no escatimarán esfuerzos ni recursos por ganar más clientes. Para lograr un cambio, por lo tanto, no basta con modificar la legislación actual, pues ello solamente hará que el sistema se reacomode y siga funcionando bajo los mismos principios. Lo que hay que hacer es recuperar la memoria y entender que lo que se debe cambiar es el modelo completo sobre el cual se sostiene nuestro actual sistema educativo.