miércoles, 27 de junio de 2012

LA NECESIDAD DE INSISTIR SOBRE EL LUCRO: HACIA UN CAMBIO DE MODELO

A pocas horas de realizarse una nueva marcha por la educación, uno de cuyos temas centrales será la necesidad de acabar con el lucro, nos parece necesario poner sobre la mesa una reflexión sobre el tema y sobre los hechos que en torno a este se han suscitado en nuestro país durante los últimos meses. Si entendemos el lucro según la definición general de la RAE como la “Ganancia o provecho que se saca de algo”, ya sea de “un negocio o encargo”, lo primero que deberíamos preguntarnos como sociedad es si esta puede ser la motivación central en ámbitos de bien público como la salud, la educación o las pensiones y qué consecuencias puede tener un enfoque como este.

Recordemos las palabras Jesús Redondo, del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, al respecto:

El lucro es la esencia del doble discurso en Chile. Porque todo depende de si hay lucro, porque incluso para defender el lucro lo que se dice es que si no hay lucro, no tiene sentido hacer educación, ¿por qué yo invertiría en hacer educación? Porque voy a sacar lucro. Pero podría invertir porque me preocupa el desarrollo de las personas.” (Reportaje “Rebelión Estudiantil”, En la Mira, Chilevisión, 2011)

El peligro de convertir la educación en un negocio es precisamente que este imperativo ético orientado al bien común, que debería guiar las políticas y el sistema educativo en general, se pierde, y lo que prima es el imperativo económico, centrado en una competencia brutal que puede tener graves consecuencias para la calidad de la educación y para la equidad en nuestra sociedad.

Para comprender mejor la importancia del tema, veamos un par de ejemplos de cómo el lucro afecta la calidad y la ética de nuestro sistema educativo en diferentes niveles. Ello nos llevará a establecer que lo que se necesita es cambiar el modelo que nos fue impuesto durante la dictadura, modelo posteriormente sostenido por los gobiernos de centro-izquierda y hoy acentuado por la actual administración.

El lucro y los límites de la legalidad en las universidades

La LOCE (LEY 18.962, 1990), que en tantas cosas dejó a nuestro sistema atado de manos hasta hoy, indica claramente en su Artículo 34°:

Las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Las universidades que no tengan tal carácter, deberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial.”

Pese a ello, y como un secreto a voces revelado posteriormente por autores como María Olivia Mönckeberg por medio sus libros La privatización de las universidades (2005) y El negocio de las Universidades en Chile (2007), las instituciones privadas parecen haber buscado sus propias formas de lucrar en los límites de la ley, a través de la creación de sociedades fantasmas y de vínculos con grupos económicos. 

El reciente informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados confirma las sospechas, indicando la posible existencia de lucro en la Universidad de las Américas, Andrés Bello (grupo Laureate), Viña del Mar, AIEP, Universidad Santo Tomás (grupo Hurtado), UNIACC (Grupo Apollo), Universidad del Desarrollo y Universidad del Mar. Cuando se analiza quiénes están vinculados a estos hechos, aparecen nombres como Herman Chadwick (hermano del ministro Secretario General de Gobierno y primo del Presidente), Juan Hurtado Vicuña (cuñado de Carlos Larraín), Hernán Büchi, Joaquín Lavín, Cristián Larroulet, entre otros. Pese a lo grave del posible involucramiento de figuras políticas y de gobierno en actos ilegales, la respuesta del Ministro de Educación, Harald Beyer, ha sido bastante discreta y poco clara con respecto a las sanciones que estos actos delictuales, de comprobarse, deberían implicar. Su argumento central ha sido la falta de herramientas para fiscalizar, falta que, hay que decirlo, fue instaurada por el propio modelo de libre mercado en la educación. Habría que pensar si la sola falta de herramientas para fiscalizar elimina el delito, y de qué manera el Estado pretende demostrar que en Chile se castiga la delincuencia, tenga esta o no corbata, esté o no apoyada por la institucionalidad imperante, aun cuando no por la ley.

Como primer ejemplo, entonces, el caso de las universidades ilustra la forma en que el lucro como meta fundamental del sistema educativo, disfrazado tras el lema de la libertad (de competencia) en educación, es la propensión a la corrupción y al delito por sobre el beneficio de los estudiantes y la calidad de la educación que se imparte.  

El lucro por medio de la administración municipal: la Ley SEP

El espíritu de ganancia se ha extendido por el sistema, abarcando también a la educación escolar. Otro lema del modelo impuesto durante los ’80, y reforzado y mantenido durante las décadas posteriores, es el de la descentralización, que delega la responsabilidad por la educación a las municipalidades.

A fines del gobierno de Bachelet se estableció la ley de Subvención Escolar Preferencial, orientada al mejoramiento de la calidad de la educación destinada a estudiantes considerados en situación de vulnerabilidad. Pese a que los métodos para medir la calidad de la educación y su incremento pueden ser cuestionables, se trata en apariencia de una medida en la que predominaba un imperativo ético por sobre el afán de ganancia. En ese contexto, y desde nuestro actual modelo descentralizado, el dinero de la ley SEP sería recibido y administrado por las municipalidades. Dicho dinero estaría condicionado a proyectos de mejoramiento en los cuales los docentes de los establecimientos deben trabajar tras diagnosticar el aprendizaje de sus estudiantes, labor que demanda también mucho tiempo, sin que nadie valore el costo adicional de esas horas de trabajo.

Sin embargo, en mayo Contraloría informó acerca de irregularidades en la administración de los dineros asociados a la ley SEP en diversas municipalidades y corporaciones de diferentes tendencias políticas. De las 105 entidades escogidas al azar para fiscalización, 52 no tenían en sus cuentas los excedentes no gastados provenientes de la Ley SEP, y en total las 105 entidades presentaban dinero faltante por un monto de $25.559 millones. Los ítems en los que estos fondos se invirtieron llegan a ser tan insólitos como contratación de guardias de seguridad, dineros en cuentas personales de directores de establecimientos, más de 70 contratos a la misma consultora en un año, compras millonarias no justificadas a empresas de aseo, compra de bienes y servicios sin respaldo de los gastos incurridos, duplicidad de pagos de honorarios, compra de cloro para piscinas, entre otros. Otros gastos simplemente reflejan hasta qué punto el financiamiento que el Estado ofrece a la educación pública es insuficiente, ya que en muchos casos el dinero de la ley SEP se utilizó en pago de remuneraciones y pagos previsionales de los trabajadores de los establecimientos. El detalle se puede ver en un artículo que CIPER publicó al respecto y en el informe completo de contraloría (ver referencias al final).

Nuevamente las autoridades van en contra de lo exigido por la ley, que no estipula ninguno de estos ítems dentro de los autorizados por la ley SEP. Varias municipalidades y corporaciones se amparan en la Ley 20.550 de 2011, a través de la cual el actual gobierno flexibilizó el modelo de subvención preferencial, indicando que un 15% de los dineros podían emplearse en otros aspectos relacionados con la educación, y no directamente en el mejoramiento de la calidad de la educación de los estudiantes vulnerables. Sin embargo, el acto ilegal es anterior a la ley que ha sido denominada como “perdonazo”, por lo que se esperaría que existieran acciones judiciales asociadas. Nada se ha sabido por ahora de sanciones, y así nuevamente nuestra institucionalidad ampara el provecho y la ganancia personal, permitiendo incluso el delito en pos de este fin.  

Podríamos seguir con otros múltiples ejemplos, como la forma en que el estado le regala a los privados dinero para hacer sus negocios a través de los establecimientos particulares-subvencionados; el interés excesivo que existió para el Crédito con Aval del Estado que, como indica Manuel Riesco Larraín, economista del CENDA, le regaló más de cien mil millones de pesos en dinero fiscal a la banca (Reportaje “Rebelión Estudiantil”, En la Mira, Chilevisión, 2011); los programas a bajo precio en instituciones privadas de educación superior sin otro requisito de admisión (y de egreso, podríamos agregar) más que la capacidad de pagar el arancel; los créditos CORFO; y un muy largo etcétera que ilustra las perversiones del sistema cuando el imperativo económico es puesto por encima del imperativo ético del bien común y de la equidad social.

Cambio de modelo y no de ministro

Bajo la presión del movimiento por la educación, los diferentes ministros han tenido que ir cediendo a ciertas demandas. Quizás la medida más afortunada ha sido sacar a la banca del sistema de crédito universitario, proyecto de ley aún en tramitación en la Cámara de Diputados,  junto a la cual encontramos otros gestos menores como la disminución de intereses y el incremento de becas. Menores en qué sentido: en que lo que se hace es modificar pequeños puntos de un modelo, que sigue operando de la misma manera. Ninguno de los Ministros de Educación de las últimas décadas se ha atrevido a plantear un cambio de concepto en nuestro sistema, dado que dicho sistema nos fue impuesto. Y es eso lo que el movimiento por la educación, que vuelve a marchar mañana, está pidiendo.

Y no estamos solos en esto. Existen múltiples autores a nivel internacional que abordan de manera crítica la forma en que, a través de organizaciones internacionales como la OECD, el Banco Mundial y el FMI, se sigue promoviendo a nivel global una agenda neo-liberal en que aspectos como la privatización, la descentralización, la marketización y el clientelismo se entienden como dados (ver por ejemplo Blackmore, 2011; Ball and Junneman, 2011; Ozga, 2009; Suspitsyna, 2010). El compromiso de los países con dicha agenda se condiciona a través de la concesión de fondos (ver por ejemplo Jones, 2004; Vavrus, 2004) y de la competencia internacional, donde los resultados educativos son asociados a mayores niveles de competitividad económica a nivel global (ver por ejemplo Grek, 2009; Blackmore, 2011). En este modelo, la responsabilidad del Estado se entrega, supuestamente, al nivel local y a la colaboración con privados e instituciones de beneficencia. Sin embargo, el control central se sigue ejerciendo, por ejemplo, a través de la realización de pruebas nacionales que exponen a los establecimientos y los inducen a la lógica de la competencia por clientes, aun cuando en el caso chileno se trate de competencia desleal entre el ámbito público y el privado.

El problema pasa, entonces, por preguntarnos si es ese el modelo que queremos, uno donde la educación quede despojada de su carácter de derecho y de herramienta de movilidad social, de su misión fundamental de entregar educación de calidad para todos, y se la llene con esta otra finalidad que es simplemente la ganancia de los privados, muchas veces a merced de los contribuyentes.

FUENTES Y REFERENCIAS

Ball, S.J. and Junemann, C. (2011). Education policy and philanthropy-the changing landscape of English educational governance. International Journal of Public Administration. 34 (10).

Blackmore, Jill (2011). Bureaucratic, corporate/market and network governance: Shifting spaces for gender equity in education. Gender, Work and Organization. 18 (5).

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (2012). Informe final Subvención Escolar Preferencial. Santiago. Disponible en:
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Merged/2012/ARCHIVOS/20120510_Informe_Final_9_2012

Grek, S. (2009) Governing by numbers: the PISA ‘effect’ in Europe. Journal of Education Policy, 24 (1).

Jones, Phillip W. (2004). "Taking the credit: financing the policy linkages in the education portfolio of the World Bank". In: Steiner-Khamsi, Gita (ed.) (2004). The global politics of educational borrowing and lending. New York and London: Teachers  College, Columbia University, 188-200.

Mönckeberg, M.O. (2005). La privatización de las universidades: una historia de dinero, poder e influencias. Santiago: Copa Rota.

_______________ (2007). El negocio de las Universidades en Chile. Santiago: Debate, Random House Mondadori.

Ozga, Jenny (2009). Governing education through data in England: from regulation to self-evaluation, Journal of Education Policy, 24 (2).

Suspitsyna, Tatiana (2010). Accountability in American education as a rhetoric and a technology of governmentality. Journal of Education Policy. 25 (5).

Vavrus, F. (2004). "The referential web: externalization beyond education in Tanzania". In: Steiner-Khamsi, Gita (ed.) (2004). The global politics of educational borrowing and lending. New York and London: Teachers  College, Columbia University, 141-153.

Prensa

Guerra, T.; Arcos, N.; Riquelme, G.; Ramírez, P.; Guzmán, J.A. “Ley SEP: Ranking de las 20 municipalidades más cuestionadas por Contraloría”. CIPER Chile. 28/05/12.
http://ciperchile.cl/2012/05/28/ley-sep-ranking-de-la-20-municipalidades-mas-cuestionadas-por-contraloria/

“Harald Beyer: <<Los ministros anteriores no tenían las herramientas para fiscalizar>>”, La Tercera, 27/06/12.

“M. O. Mönckeberg revela red de empresarios, políticos y hombres públicos detrás del lucro en la educación”, El Mostrador, 26/06/12.

Reportaje “Rebelión Estudiantil”, En la Mira, Chilevisión, 2011.