CASO CNA: LA VERGONZOSA FISURA DEL MODELO

En Chile adolecemos de mala memoria. La noticia de hoy nos hace pensar en problemas que tienen profundas raíces como si hubieran comenzado tan sólo horas atrás. Así sucede con el caso de la Comisión Nacional de Acreditación, escándalo cuyas dimensiones nos hacen olvidar que se trata simplemente de una consecuencia cuyo origen se remonta, otra vez, a las bases de nuestro sistema educativo. 

Origen en la LOCE

Como un inexplicable error involuntario, el sistema de educación de mercado que se nos impuso durante la dictadura dejó una grieta legislativa, y es allí donde radica el inicio de todo lo que hoy observamos en torno a la educación superior. La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), una de las ‘leyes de amarre’ de la administración Pinochet, se trata en su mayoría de una ley que legitima la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación y que consolida el modelo educativo neoliberal que hoy permea nuestra educación básica y media. Por ello, resulta difícil imaginar el por qué del lapsus que el mismo gobierno que autorizó las universidades privadas evidencia en esta legislación con respecto al tema del lucro. Allí se establece que las universidades no creadas por ley “(…) serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial.” 

Más allá de las razones, este requerimiento está y es ley y su no cumplimiento debería estar asociado a algún tipo de penalización. Se ha dicho que, pese a que es ley, es imposible sancionar a las universidades que no cumplen con este requerimiento legal, pues no hay mecanismos específicos de control. No obstante, la misma LOCE entrega atribuciones al Consejo de Educación Superior para realizar seguimiento a las instituciones de educación superior y para cerrarlas en caso que estas no cumplan con lo declarado en sus proyectos. Basta con ver en este link la lista de instituciones que han sido cerradas desde 1993 por esta institución. También establece que el Ministerio de Educación tiene atribuciones para quitar el reconocimiento y la personalidad jurídica a las instituciones que no estén cumpliendo con lo declarado en sus proyectos. De esta manera, podemos ver que las instituciones del Estado han sido por varios años ‘selectivamente negligentes’ a la hora de supervisar y cerrar universidades. 

Así, era predecible que esta pequeña fisura en una ley orientada completamente hacia la privatización y el mercado tarde o temprano generaría algún tipo de mal funcionamiento o perversión en el sistema. 

Un antiguo secreto a voces

Sería ingenuo pensar que las irregularidades en las instituciones de educación superior son recientes. Recordemos, por ejemplo, que casos emblemáticos como la Universidad del Mar, la Universidad Pedro de Valdivia y la Universidad del Desarrollo se fundaron en los años 1989, 1987 y 1990, respectivamente. En este sentido, es probable que las malas prácticas se hayan venido desarrollando desde hace años sin que nadie las controlara ni sintiera la conveniencia de hacerlo en torno a un negocio que parecía funcionar bastante bien para todos los involucrados.  

Desde 2006, además de los mecanismos de fiscalización ya establecidos en la LOCE, se instaura un sistema claro y explícito de aseguramiento de la calidad de la educación superior a partir de la creación del sistema de acreditación. En la ley que crea la CNA se establecen reglas claras acerca de posibles conflictos de interés y se sindica a todos sus miembros como responsables por el cumplimiento de las normas establecidas en el documento, de manera que nuevamente no hay excusas para no haberse hecho cargo de las múltiples irregularidades desde ese entonces.

Recordemos también que ya a fines de 2011 tanto abogados de la Universidad de Chile como el entonces miembro de la Comisión Nacional de Acreditación, Patricio Basso, presentaron denuncias de lucro contra la Universidad Santo Tomás y UNIACC, ambas funcionando al día de hoy con una promesa de investigar por parte del MINEDUC que se hizo un año después de las denuncias, posiblemente en respuesta al revuelo mediático.

Además, a mediados de 2011 tenemos al mismo Ministro de Educación de ese entonces, Joaquín Lavín, cuestionado por posible lucro en relación con la Universidad del Desarrollo debido a la creación de sociedades espejo que le permitirían obtener beneficios de forma indirecta. Si bien renunció a su cargo en la institución, sigue hoy siendo ministro de otra cartera, y en su última declaración de intereses indica que sigue siendo dueño del 85% del capital de la sociedad (espejo) Estudios Económicos Ltda. 

Junto con lo anterior, a fines de 2011 la Comisión Investigadora de la Educación Superior del Congreso Nacional había comenzado ya a indagar en torno al lucro. En el informe liberado a mediados de este año, que no olvidemos fue rechazado por los parlamentarios, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Íñigo Díaz, declaraba:

“Ahora, por supuesto, existe conflicto de interés y, como presidente, me duelen mucho, porque hay inhabilidades establecidas por la ley y una cantidad de otras inhabilidades que deben ser definidas por las personas. Tenemos el caso de los profesores de la Universidad Mayor, que eran socios y dueños de una agencia acreditadora. Esa relación no está limitada por ley, no obstante, la agencia en cuestión no puede acreditar a esa institución, así como tampoco a la Universidad Andrés Bello, pues firmaron una declaración en la que se comprometen a no acreditar en los próximos años nada relacionado con esa casa de estudios, donde precisamente ellos están trabajando actualmente. Con ello, se soluciona el problema. Sin embargo, todos sabemos que los dueños de la Universidad Andrés Bello también son propietarios de otras universidades y, por lo tanto, deberían inhabilitarse con relación a todo el conglomerado.”

Pese a que el propio presidente de esta institución estaba hablando sobre las irregularidades, a las que hoy se suman almuerzos con rectores y regalos por parte de universidades durante los procesos de acreditación, no parece haber voluntad política para investigar y legislar al respecto. De hecho, días atrás los disputados de ambas coaliciones volvieron a rechazar investigaciones en torno al lucro y a la CNA, pese a los escándalos criminales que se difunden hoy por la prensa. En ese sentido, el real escándalo es que hasta ese momento, con todas las muestras de ilegalidad defendidas largamente por los empresarios de la educación frente a la opinión pública, ninguna de las instituciones del Estado haya utilizado las atribuciones que sí tiene para actuar al respecto.

La puerta giratoria de la clase política

Resulta irónico para un gobierno que prometió terminar con las puertas giratorias tener tanto crimen cerca de sus filas. Hoy tenemos formalizado a Eugenio Díaz, ex presidente de la CNA, por cohecho, negociación indebida, lavado de activos y violación de secreto. Se encuentra detenido hoy principalmente por aceptar dinero para asegurar la acreditación de la ya desacreditada Universidad del Mar mientras era parte de la CNA. 

Junto con Díaz, están formalizados también Ángel Maulén, ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, y Héctor Zúñiga, ex rector de la Universidad del Mar, por soborno y lavado de activos. A ello se agregan las sospechas contra otro Ministro de Estado, Teodoro Ribera, ex rector de la Universidad Autónoma, quien ha dado diferentes versiones acerca de su contacto con Luis Eugenio Díaz y ha defendido a los políticos con poder económico indicando que, de no gobernar ellos, habría que buscar políticos ‘en las hospederías del Hogar de Cristo’ (así, literalmente) o en personas que se dediquen exclusivamente a la carrera política.

Sin embargo, hay que ser cuidadoso, puesto que la espectacularidad de estos casos hace que nos olvidemos que esta es una bola de nieve que viene rodando hace bastante tiempo y que el color de hormiga hoy solamente se ha puesto más negro que nunca.  

Lo que viene

Luego de las irregularidades de la CNA, tenemos hoy a un Ministro Beyer prometiendo una nueva regulación de este sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Se valora el intento, pero cuesta no pensar en cómo insistentemente se ha utilizado el rótulo de ‘acreditada’ como medio de publicidad para atraer nuevos ‘clientes’ a estudiar a través de la promesa de la calidad, para hoy enterarnos que son pocas las instituciones que no obtienen esta codiciada categoría, convirtiendo todo el proceso un gran gasto inútil de recursos estatales que únicamente ha servido para ayudar a los privados a ganar más dinero. ¿Cómo se recupera ese dinero de todos? ¿Qué se hace con las universidades acreditadas actualmente? ¿Se puede considerar válido el proceso?

Junto con ello, hoy tenemos al nuevo director de la CNA, Matko Koljatic, quien se ha declarado abiertamente a favor del lucro en las universidades, a las que entiende como empresas, siempre y cuando este mercado se regule de mejor manera. Aclara, sí, que respetará la ley en el sentido de votar en contra de la acreditación de aquellas instituciones cuyo lucro sea demostrado. No obstante, cuando se le habla más allá de su voto en contra al detectar lucro y se le pregunta en CNN Chile por su deber de denunciar estas ilegalidades a la justicia, él simplemente responde que tendría que hacerse asesorar por un abogado, ya que él es ingeniero y no sabe de estos temas. Se puede, entonces, vislumbrar el futuro de la institución.

El modelo como causa

Como veíamos al inicio, es la extraña fisura de la LOCE la que genera todo el problema. Al prohibir el lucro, genera una contradicción con el modelo de mercado que impera en nuestro sistema educativo, obligando a los empresarios de la educación a buscar subterfugios para obtener ganancias a través de sus universidades. Si no fuera por ello, todos lucrarían abiertamente con la educación superior, de la misma manera que hoy se hace con la educación básica y media, y nadie estaría reclamando nada a nivel de autoridad política, pues de aquellos que están en el poder, a nadie parece molestarle la idea de la educación como bien de consumo.

El conflicto de fondo es, por lo tanto, hasta qué punto podemos confiar en un sistema de acreditación futuro mientras este esté diseñado por los mismos grupos que se benefician del modelo actual. Nuevamente emerge como eje central el conflicto ideológico entre lo que piensa la ciudadanía y lo que piensan los políticos-empresarios en relación con la educación: la ciudadanía espera un modelo en que la educación de calidad sea un derecho para todos en todos los niveles del sistema, y no un bien de consumo por el que debemos competir; los políticos-empresarios, por su parte, seguirán defendiendo la idea de la educación como un servicio más ofrecido por el mercado y, tal está visto, no escatimarán esfuerzos ni recursos por ganar más clientes. Para lograr un cambio, por lo tanto, no basta con modificar la legislación actual, pues ello solamente hará que el sistema se reacomode y siga funcionando bajo los mismos principios. Lo que hay que hacer es recuperar la memoria y entender que lo que se debe cambiar es el modelo completo sobre el cual se sostiene nuestro actual sistema educativo.  

DIFUNDIMOS: CRÍTICA DE ACADÉMICOS A REFORMA TRIBUTARIA EN EDUCACIÓN

Una nueva reforma tributaria se encuentra actualmente en discusión en el Congreso Nacional, dentro de la cual se realizan promesas y modificaciones relacionadas con la educación. Sin embargo, un grupo de 29 académicos, expertos y ex-autoridades del ámbito educativo han expresado su preocupación en una declaración conjunta, donde denuncian el carácter socialmente regresivo de la reforma, agregando que fomenta la privatización y la segregación de nuestro ya poco equitativo sistema educacional. Queremos contribuir a esta discusión difundiendo la declaración antes mencionada, de manera que se genere debate antes que sea demasiado tarde.

Beneficio tributario para gastos en educación: un error a tiempo de evitar

Chile tiene un enorme desafío para mejorar la calidad y la equidad de la educación, y existe un amplio acuerdo en que para lograrlo es necesario redoblar los esfuerzos que se han estado haciendo. Contar con una profesión docente de alta calidad, fortalecer la educación pública, y hacer del sistema educacional un espacio socialmente más integrado, son objetivos que generan un amplio consenso en el país.

También es ampliamente aceptado que para avanzar decididamente en estos propósitos se requiere invertir mayores recursos públicos en educación. En este contexto, incrementar los recursos financieros permanentes destinados a la educación por medio de una reforma tributaria, como ha propuesto el Gobierno, es una estrategia que compartimos plenamente. Sin embargo, en la propuesta de reforma tributaria que está en discusión en el Congreso Nacional, se permite que los contribuyentes con ingresos declarados de hasta $1,5 millones mensuales promedio puedan descontar de los impuestos que deben cancelar al estado cada año un gasto en educación (matrícula y mensualidad) de hasta $200.000 anuales por hijo. Esta “rebaja de impuestos” favorecerá especialmente a las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas subvencionadas no gratuitas, es decir, con financiamiento compartido. Por diferentes razones, estimamos que esto constituye un grave error.

Primero, porque tiene un carácter socialmente regresivo, al beneficiar a los contribuyentes que se encuentran entre el 5%-19% de más altos ingresos personales declarados. En efecto, el 81% de los contribuyentes no pagan impuesto alguno, pues sus ingresos mensuales promedio están por debajo de los $560.000. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, se trata de un aporte de recursos tributarios (es decir, de todos los chilenos) por más de 100 millones de dólares anuales, destinados a las familias de ingresos medio-alto del país. Nótese que el total de recursos adicionales provenientes de esta reforma tributaria para el conjunto del sistema pre-escolar, escolar y de educación superior será de 700 millones de dólares anuales a partir del año 2014.

Segundo, porque en lugar de fortalecer el financiamiento compartido éste debería tender a reducirse o eliminarse. El financiamiento compartido agrava la alta segregación social de la educación chilena, limita las posibilidades de elección de las familias (asociándolas a su capacidad de pago), y refuerza el carácter selectivo y excluyente de las comunidades escolares. A cambio, no ha demostrado tener efectos positivos relevantes en el mejoramiento de la calidad ni la equidad educativa, objetivos prioritarios de la política educacional.

Tercero, porque en la práctica significa un reforzamiento de la educación privada no gratuita, cuando el mecanismo fundamental por el cual el derecho a la educación obligatoria se ha podido expandir en el mundo ha sido mediante la educación gratuita, consagrada ampliamente en la legislación y las políticas.

En definitiva, se trata de una iniciativa que no va en la dirección correcta. Afortunadamente, estamos a tiempo de evitar este error. Por ello, llamamos a los honorables miembros del Congreso Nacional a no aprobar este crédito tributario, y al Gobierno, a proponer en cambio políticas que inequívocamente avancen en hacer mejor, más justa y más integrada nuestra educación. Es lo que Chile necesita.

Esta declaración está firmada por los siguientes académicos vinculados a la investigación en educación:

Alejandra Mizala, Andrea Repetto, Cristián Cox, Juan Eduardo García-Huidobro, Patricio Felmer, José Joaquín Brunner, Dante Contreras, Jorge Manzi, Gregory Elacqua, Patricio Meller, Mario Waissbluth, Ernesto San Martín, Fernando Atria, Verónica Cabezas, Cristián Bellei, Beatrice Avalos, Ernesto Treviño, Manuel Antonio Garretón, Juan Pablo Valenzuela, Gonzalo Muñoz, Alejandro Carrasco, Claudia Sanhueza, Carolina Flores, Xavier Vanni, Soledad Concha, Leonor Varas, Patricia Medrano, Enrique Fernández y Elisabeth Simbuerguer.

RECOMENDAMOS “INDIFERENCIA” (DETACHMENT): UNA PELÍCULA SOBRE LA DURA REALIDAD DOCENTE

Hoy en día vemos la forma en que los medios de comunicación y la opinión pública hablan con tanta facilidad acerca de los profesores y de la calidad de su trabajo, convirtiéndolos muchas veces en el chivo expiatorio de las responsabilidades que las familias, el Estado y las universidades eluden. Para aquellos que conocemos de cerca el trabajo de los docentes, resulta al menos ofensivo ver cómo se ignora lo difícil que es hacer clases en condiciones laborales deplorables, y para muchos, en contextos socioculturales realmente complejos. Por ello, creemos que uno de los grandes valores de la película Indiferencia (2011) es mostrar con toda su crudeza la realidad que las escuelas deben enfrentar cotidianamente, sin edulcorar en ningún momento la trama con alguna salida esperanzadora, como suele suceder en otros filmes sobre el tema. Si hay aquí una lección, esta va más en el sentido de dejar de simplificar el análisis de la realidad educativa y asumir que de lo que hablamos es de seres humanos y no de máquinas que pueden enseñar y ser enseñadas de forma mecánica y sin problemas.

Cada una de las historias presentadas en la película me recordó relatos de profesores que he conocido: desde el apoderado que se siente autorizado a insultar a gritos al profesor porque él es el ‘cliente’ cuyo hijo no está recibiendo un buen ‘servicio’; pasando por la multiplicidad de roles que los docentes deben asumir debido a las carencias de los estudiantes en sus propios hogares; hasta la presencia de las autoridades políticas pidiendo que, en medio de toda aquella caótica realidad, la escuela suba sus puntajes en los exámenes para evitar el cierre definitivo de la escuela. Eso solamente por mencionar algunos ejemplos. El que crea que esta película exagera o dramatiza en exceso lo que pasa en los establecimientos, especialmente en contextos de educación de mercado donde la competencia, la selección/exclusión, la segregación y el clientelismo son principios fundamentales, simplemente no sabe de lo que está hablando, o no quiere saberlo.

Indiferencia, a través de un buen guión y buenos textos, además de excelentes actuaciones, nos hace reflexionar sobre la desesperanza, la decepción y la sensación de fracaso que a veces permea el trabajo educativo; nos hace pensarlo dos veces antes de criticar a los docentes y de responsabilizarlos por su falta de ‘eficiencia’ educativa. Nos hace admirar a aquellos que aún pueden tener esperanza.

Aquí les ofrecemos el tráiler. La película no se exhibió masivamente en Chile, como suele suceder con el cine que nos hace pensar, sino solamente en el contexto de muestras breves de cine internacional. Sin embargo, es fácil de encontrar en los sitios más conocidos de películas en línea.

LA NECESIDAD DE INSISTIR SOBRE EL LUCRO: HACIA UN CAMBIO DE MODELO

A pocas horas de realizarse una nueva marcha por la educación, uno de cuyos temas centrales será la necesidad de acabar con el lucro, nos parece necesario poner sobre la mesa una reflexión sobre el tema y sobre los hechos que en torno a este se han suscitado en nuestro país durante los últimos meses. Si entendemos el lucro según la definición general de la RAE como la “Ganancia o provecho que se saca de algo”, ya sea de “un negocio o encargo”, lo primero que deberíamos preguntarnos como sociedad es si esta puede ser la motivación central en ámbitos de bien público como la salud, la educación o las pensiones y qué consecuencias puede tener un enfoque como este.

Recordemos las palabras Jesús Redondo, del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, al respecto:

“El lucro es la esencia del doble discurso en Chile. Porque todo depende de si hay lucro, porque incluso para defender el lucro lo que se dice es que si no hay lucro, no tiene sentido hacer educación, ¿por qué yo invertiría en hacer educación? Porque voy a sacar lucro. Pero podría invertir porque me preocupa el desarrollo de las personas.” (Reportaje “Rebelión Estudiantil”, En la Mira, Chilevisión, 2011)

El peligro de convertir la educación en un negocio es precisamente que este imperativo ético orientado al bien común, que debería guiar las políticas y el sistema educativo en general, se pierde, y lo que prima es el imperativo económico, centrado en una competencia brutal que puede tener graves consecuencias para la calidad de la educación y para la equidad en nuestra sociedad.

Para comprender mejor la importancia del tema, veamos un par de ejemplos de cómo el lucro afecta la calidad y la ética de nuestro sistema educativo en diferentes niveles. Ello nos llevará a establecer que lo que se necesita es cambiar el modelo que nos fue impuesto durante la dictadura, modelo posteriormente sostenido por los gobiernos de centro-izquierda y hoy acentuado por la actual administración.

El lucro y los límites de la legalidad en las universidades

La LOCE (LEY 18.962, 1990), que en tantas cosas dejó a nuestro sistema atado de manos hasta hoy, indica claramente en su Artículo 34°:

“Las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Las universidades que no tengan tal carácter, deberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial.”

Pese a ello, y como un secreto a voces revelado posteriormente por autores como María Olivia Mönckeberg por medio sus libros La privatización de las universidades (2005) y El negocio de las Universidades en Chile (2007), las instituciones privadas parecen haber buscado sus propias formas de lucrar en los límites de la ley, a través de la creación de sociedades fantasmas y de vínculos con grupos económicos. 

El reciente informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados confirma las sospechas, indicando la posible existencia de lucro en la Universidad de las Américas, Andrés Bello (grupo Laureate), Viña del Mar, AIEP, Universidad Santo Tomás (grupo Hurtado), UNIACC (Grupo Apollo), Universidad del Desarrollo y Universidad del Mar. Cuando se analiza quiénes están vinculados a estos hechos, aparecen nombres como Herman Chadwick (hermano del ministro Secretario General de Gobierno y primo del Presidente), Juan Hurtado Vicuña (cuñado de Carlos Larraín), Hernán Büchi, Joaquín Lavín, Cristián Larroulet, entre otros. Pese a lo grave del posible involucramiento de figuras políticas y de gobierno en actos ilegales, la respuesta del Ministro de Educación, Harald Beyer, ha sido bastante discreta y poco clara con respecto a las sanciones que estos actos delictuales, de comprobarse, deberían implicar. Su argumento central ha sido la falta de herramientas para fiscalizar, falta que, hay que decirlo, fue instaurada por el propio modelo de libre mercado en la educación. Habría que pensar si la sola falta de herramientas para fiscalizar elimina el delito, y de qué manera el Estado pretende demostrar que en Chile se castiga la delincuencia, tenga esta o no corbata, esté o no apoyada por la institucionalidad imperante, aun cuando no por la ley.

Como primer ejemplo, entonces, el caso de las universidades ilustra la forma en que el lucro como meta fundamental del sistema educativo, disfrazado tras el lema de la libertad (de competencia) en educación, es la propensión a la corrupción y al delito por sobre el beneficio de los estudiantes y la calidad de la educación que se imparte.  

El lucro por medio de la administración municipal: la Ley SEP

El espíritu de ganancia se ha extendido por el sistema, abarcando también a la educación escolar. Otro lema del modelo impuesto durante los ’80, y reforzado y mantenido durante las décadas posteriores, es el de la descentralización, que delega la responsabilidad por la educación a las municipalidades.

A fines del gobierno de Bachelet se estableció la ley de Subvención Escolar Preferencial, orientada al mejoramiento de la calidad de la educación destinada a estudiantes considerados en situación de vulnerabilidad. Pese a que los métodos para medir la calidad de la educación y su incremento pueden ser cuestionables, se trata en apariencia de una medida en la que predominaba un imperativo ético por sobre el afán de ganancia. En ese contexto, y desde nuestro actual modelo descentralizado, el dinero de la ley SEP sería recibido y administrado por las municipalidades. Dicho dinero estaría condicionado a proyectos de mejoramiento en los cuales los docentes de los establecimientos deben trabajar tras diagnosticar el aprendizaje de sus estudiantes, labor que demanda también mucho tiempo, sin que nadie valore el costo adicional de esas horas de trabajo.

Sin embargo, en mayo Contraloría informó acerca de irregularidades en la administración de los dineros asociados a la ley SEP en diversas municipalidades y corporaciones de diferentes tendencias políticas. De las 105 entidades escogidas al azar para fiscalización, 52 no tenían en sus cuentas los excedentes no gastados provenientes de la Ley SEP, y en total las 105 entidades presentaban dinero faltante por un monto de $25.559 millones. Los ítems en los que estos fondos se invirtieron llegan a ser tan insólitos como contratación de guardias de seguridad, dineros en cuentas personales de directores de establecimientos, más de 70 contratos a la misma consultora en un año, compras millonarias no justificadas a empresas de aseo, compra de bienes y servicios sin respaldo de los gastos incurridos, duplicidad de pagos de honorarios, compra de cloro para piscinas, entre otros. Otros gastos simplemente reflejan hasta qué punto el financiamiento que el Estado ofrece a la educación pública es insuficiente, ya que en muchos casos el dinero de la ley SEP se utilizó en pago de remuneraciones y pagos previsionales de los trabajadores de los establecimientos. El detalle se puede ver en un artículo que CIPER publicó al respecto y en el informe completo de contraloría (ver referencias al final).

Nuevamente las autoridades van en contra de lo exigido por la ley, que no estipula ninguno de estos ítems dentro de los autorizados por la ley SEP. Varias municipalidades y corporaciones se amparan en la Ley 20.550 de 2011, a través de la cual el actual gobierno flexibilizó el modelo de subvención preferencial, indicando que un 15% de los dineros podían emplearse en otros aspectos relacionados con la educación, y no directamente en el mejoramiento de la calidad de la educación de los estudiantes vulnerables. Sin embargo, el acto ilegal es anterior a la ley que ha sido denominada como “perdonazo”, por lo que se esperaría que existieran acciones judiciales asociadas. Nada se ha sabido por ahora de sanciones, y así nuevamente nuestra institucionalidad ampara el provecho y la ganancia personal, permitiendo incluso el delito en pos de este fin.  

Podríamos seguir con otros múltiples ejemplos, como la forma en que el estado le regala a los privados dinero para hacer sus negocios a través de los establecimientos particulares-subvencionados; el interés excesivo que existió para el Crédito con Aval del Estado que, como indica Manuel Riesco Larraín, economista del CENDA, le regaló más de cien mil millones de pesos en dinero fiscal a la banca (Reportaje “Rebelión Estudiantil”, En la Mira, Chilevisión, 2011); los programas a bajo precio en instituciones privadas de educación superior sin otro requisito de admisión (y de egreso, podríamos agregar) más que la capacidad de pagar el arancel; los créditos CORFO; y un muy largo etcétera que ilustra las perversiones del sistema cuando el imperativo económico es puesto por encima del imperativo ético del bien común y de la equidad social.

Cambio de modelo y no de ministro

Bajo la presión del movimiento por la educación, los diferentes ministros han tenido que ir cediendo a ciertas demandas. Quizás la medida más afortunada ha sido sacar a la banca del sistema de crédito universitario, proyecto de ley aún en tramitación en la Cámara de Diputados,  junto a la cual encontramos otros gestos menores como la disminución de intereses y el incremento de becas. Menores en qué sentido: en que lo que se hace es modificar pequeños puntos de un modelo, que sigue operando de la misma manera. Ninguno de los Ministros de Educación de las últimas décadas se ha atrevido a plantear un cambio de concepto en nuestro sistema, dado que dicho sistema nos fue impuesto. Y es eso lo que el movimiento por la educación, que vuelve a marchar mañana, está pidiendo.

Y no estamos solos en esto. Existen múltiples autores a nivel internacional que abordan de manera crítica la forma en que, a través de organizaciones internacionales como la OECD, el Banco Mundial y el FMI, se sigue promoviendo a nivel global una agenda neo-liberal en que aspectos como la privatización, la descentralización, la marketización y el clientelismo se entienden como dados (ver por ejemplo Blackmore, 2011; Ball and Junneman, 2011; Ozga, 2009; Suspitsyna, 2010). El compromiso de los países con dicha agenda se condiciona a través de la concesión de fondos (ver por ejemplo Jones, 2004; Vavrus, 2004) y de la competencia internacional, donde los resultados educativos son asociados a mayores niveles de competitividad económica a nivel global (ver por ejemplo Grek, 2009; Blackmore, 2011). En este modelo, la responsabilidad del Estado se entrega, supuestamente, al nivel local y a la colaboración con privados e instituciones de beneficencia. Sin embargo, el control central se sigue ejerciendo, por ejemplo, a través de la realización de pruebas nacionales que exponen a los establecimientos y los inducen a la lógica de la competencia por clientes, aun cuando en el caso chileno se trate de competencia desleal entre el ámbito público y el privado.

El problema pasa, entonces, por preguntarnos si es ese el modelo que queremos, uno donde la educación quede despojada de su carácter de derecho y de herramienta de movilidad social, de su misión fundamental de entregar educación de calidad para todos, y se la llene con esta otra finalidad que es simplemente la ganancia de los privados, muchas veces a merced de los contribuyentes.

FUENTES Y REFERENCIAS

Ball, S.J. and Junemann, C. (2011). Education policy and philanthropy-the changing landscape of English educational governance. International Journal of Public Administration. 34 (10).

Blackmore, Jill (2011). Bureaucratic, corporate/market and network governance: Shifting spaces for gender equity in education. Gender, Work and Organization. 18 (5).

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (2012). Informe final Subvención Escolar Preferencial. Santiago. Disponible en:
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Merged/2012/ARCHIVOS/20120510_Informe_Final_9_2012

Grek, S. (2009) Governing by numbers: the PISA ‘effect’ in Europe. Journal of Education Policy, 24 (1).

Jones, Phillip W. (2004). "Taking the credit: financing the policy linkages in the education portfolio of the World Bank". In: Steiner-Khamsi, Gita (ed.) (2004). The global politics of educational borrowing and lending. New York and London: Teachers  College, Columbia University, 188-200.

Mönckeberg, M.O. (2005). La privatización de las universidades: una historia de dinero, poder e influencias. Santiago: Copa Rota.

_______________ (2007). El negocio de las Universidades en Chile. Santiago: Debate, Random House Mondadori.

Ozga, Jenny (2009). Governing education through data in England: from regulation to self-evaluation, Journal of Education Policy, 24 (2).

Suspitsyna, Tatiana (2010). Accountability in American education as a rhetoric and a technology of governmentality. Journal of Education Policy. 25 (5).

Vavrus, F. (2004). "The referential web: externalization beyond education in Tanzania". In: Steiner-Khamsi, Gita (ed.) (2004). The global politics of educational borrowing and lending. New York and London: Teachers  College, Columbia University, 141-153.

Prensa

Guerra, T.; Arcos, N.; Riquelme, G.; Ramírez, P.; Guzmán, J.A. “Ley SEP: Ranking de las 20 municipalidades más cuestionadas por Contraloría”. CIPER Chile. 28/05/12.
http://ciperchile.cl/2012/05/28/ley-sep-ranking-de-la-20-municipalidades-mas-cuestionadas-por-contraloria/

“Harald Beyer: <<Los ministros anteriores no tenían las herramientas para fiscalizar>>”, La Tercera, 27/06/12.

“M. O. Mönckeberg revela red de empresarios, políticos y hombres públicos detrás del lucro en la educación”, El Mostrador, 26/06/12.

Reportaje “Rebelión Estudiantil”, En la Mira, Chilevisión, 2011.

LO QUE NO SE DICE DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIA

Días atrás se dieron a conocer en la prensa los resultados generales de la Evaluación Inicia, utilizados hasta el cansancio para insistir en el tema de la mala calidad de los profesores chilenos, y en la necesidad de seleccionar de mejor manera a los postulantes a las carreras de pedagogía. Sin embargo, hay una serie de omisiones con respecto a la representatividad de los resultados, las características de la medición y la raíz de las falencias reflejadas por la evaluación, que no se dan a conocer a la opinión pública. Aquí las explicamos.

Alcance de los resultados de la prueba

El análisis de los resultados de la evaluación Inicia debe considerar la representatividad de estos datos, dado el carácter no censal del proceso. En una primera instancia las universidades e institutos profesionales deciden voluntariamente participar en la Evaluación y, una vez que las instituciones se encuentran inscritas, los estudiantes de éstas deciden presentarse voluntariamente a rendir las distintas pruebas. Estas dos potenciales fuentes de sesgo, sumadas al hecho de que para cada institución se evalúa a una muestra de la cohorte de egresados, hacen que los resultados de la muestra de egresados por institución, en tanto estimaciones del resultado del universo de la cohorte de egresados, traigan aparejado errores de estimación que no son considerados por el Ministerio de Educación al momento de reportar los resultados institucionales. Esto implica que las diferencias en puntajes, que se utilizan para clasificar y comparar el rendimiento de las instituciones, puedan no ser estadísticamente significativas y, por lo tanto, los rankings institucionales podrían estar entregando señales erróneas respecto de la calidad comparada de los programas de formación.

Un mejor puntaje Inicia no significa un mejor programa de formación inicial

Por otra parte, los resultados de la Evaluación Inicia no pueden ser homologados a una medida de efectividad o de valor agregado de los distintos programas de formación inicial docente, como ha sido la tónica en el discurso de las autoridades. Lo anterior dado que la Evaluación no controla por el rendimiento previo de los estudiantes. Estudios recientes (Manzi et al., 2012) han demostrado que la variación en los puntajes de la Evaluación Inicia es explicada en una alta medida por el rendimiento previo de los egresados, medido a través de sus puntajes PSU. Por lo tanto, es posible señalar que los resultados de la Evaluación Inicia indican en gran medida la selectividad académica inicial de las instituciones formadoras y no necesariamente la calidad de sus procesos formativos.

Características de la formación inicial en educación básica

Hay, además, un problema de diseño de nuestro sistema que no ha sido considerado como un posible factor asociado a los resultados de la prueba. Como se ha indicado en la literatura desde hace años, una de las falencias de nuestro sistema se relaciona con el carácter generalista del docente de educación básica (Cox et al., 2010), que se contradice con la experticia disciplinaria que el currículum le exige una vez que ingresa al sistema educativo. Es decir, se da una formación general, no disciplinaria, y se espera que el docente sea experto en al menos 6 áreas de conocimiento, lo que probablemente resulte imposible para cualquier ser humano. En ese sentido, mientras el sistema educativo no se modifique para que, al igual que en educación media, el nivel de básica se trabaje desde las especialidades, es bastante absurdo esperar buenos resultados en una prueba de conocimientos disciplinarios. A su vez, si el sistema no cambia, los programas de formación inicial tampoco verán la necesidad de ajustar sus programas hacia una orientación más disciplinaria.

Complejidad del saber profesional docente

Por último, es importante mencionar que lo que hace esta evaluación es, en gran medida, reducir lo que significa ser un buen profesor a una serie de preguntas en una prueba escrita, lo que desde ya implica problemas técnicos en términos de la validez del constructo que se está evaluando. Un aspecto evidente, pero ignorado en esta prueba, es que un buen profesor debería ser evaluado en la práctica de su profesión, puesto que parte importante del saber docente tiene que ver con la capacidad de reflexionar en la acción, de adaptar sus conocimientos a un contexto con múltiples factores, y de actuar según una perspectiva filosófica y valórica acerca de su quehacer (Shulman, 1987). A la inversa, nada garantiza que una persona que tenga amplios conocimientos disciplinarios sea capaz de enseñar una disciplina frente a un grupo real, no hipotético, como se propone en la prueba. En ese sentido, habría que buscar otras formas de evaluar a los egresados de pedagogía, formas que sean más adecuadas con la naturaleza de la profesión a la que se dedicarán.

En síntesis, hay que leer con cuidado los anuncios con respecto a la prueba Inicia y sus resultados, sobre todo cuando estos se utilizan para construir rankings y generar competencia entre instituciones. Esto porque los resultados no son representativos y las diferencias se explican en gran medida por procesos de selección y no necesariamente por la calidad de los programas de formación inicial. A ello se agrega que, por las características de nuestro sistema educativo en el nivel de educación básica, los resultados de la prueba Inicia son bastante predecibles si lo que se evalúa principalmente es conocimiento disciplinario y pedagógico-disciplinario.  Lo lógico sería primero modificar el sistema y las características de la formación inicial. Finalmente, en términos de constructo, hay que tener en cuenta que es poco lo que un buen resultado en la evaluación Inicia nos puede decir acerca de la calidad que un egresado de pedagogía tendrá en el futuro, pues dicha evaluación no resulta consistente con las características centrales de su profesión. 

REFERENCIAS

Cox, C., Meckes, L. & Bascopé, M. (2010). La institucionalidad formadora de profesores en Chile en la década del 2000: velocidad del mercado y parsimonia de las políticas. Revista Pensamiento Educativo, vols. 46-47, 205-245.

Manzi, J., Lacerna, P., Meckes, L., Ramos, I., José, M., Pavez, P., Ortega, L. & Martín, E. S. (2012). ¿Qué características de la formación inicial de los docentes se asocian a mayores avances en su aprendizaje de conocimientos disciplinarios? Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile.

Shulman, Lee S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review, vol. 57, 1.

RECOMENDAMOS “QUINTA JUSTA”: UN LUGAR PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL

Los espacios para la educación artística y musical en Chile van reduciéndose cada vez más, pese a la importancia que tiene para el desarrollo de las personas sostener una relación con el pensamiento creativo, a través del contacto con expresiones artísticas diversas. Por ello quisimos apoyar la difusión de esta nueva iniciativa, Quinta Justa, entrevistando a su creador, director y productor, Cristian Urtubia.

¿Qué es y cómo nace Quinta Justa? ¿Por qué deciden dar curso a esta iniciativa? ¿Quiénes están involucrados en ella?

Quinta Justa es un podcast de difusión de la música chilena de la quinta región de Valparaíso. Básicamente es un estudio portátil que se mueve a la casa del músico en donde se comparte una grata conversación y se disfruta de la propuesta musical de cada quien. Nace como una iniciativa desde la precariedad de medios de los músicos porteños. Mi grupo, Quintil Alimapu, siempre ha estado registrando su trabajo, pero las horas de estudio encarecían mucho el presupuesto. Como director de la banda me puse a buscar implementos de grabación que no fueran tan caros, de manera de no tener que invertir tanto en grabaciones. En esa búsqueda encontré el concepto de podcast, es decir, vendían packs de implementos para grabar podcast. Busqué qué significaba la palabra y me encantó la idea de estos archivos mp3 que se difunden vía Internet. En ese sentido quise socializar la idea de la grabación rescatando artistas porteños que quisieran grabar y mostrar su trabajo.

En un inicio la iniciativa es personal, pero luego nace la necesidad de armar redes de difusión que tuvieran que ver con el sentido de la iniciativa, que finalmente es la formación de audiencias y la educación. Es así como surge la asociación con el PROMUS, la Asociación de Profesores de Música.

¿Cuál es, según tu opinión, el propósito central de este podcaster y quién es su audiencia?

El propósito central es vincular al músico local con la audiencia más cercana, geográficamente al menos, que son los alumno(as). De esta forma se pretende formar audiencias críticas y en constante colaboración con su propia identidad.

¿Cómo ha reaccionado la audiencia frente a esta iniciativa? ¿Qué te dicen?

El mostrar músicos actuales que no salen en los medios masivos (TV y Radio) es una tarea difícil pensando en el entorno sonoro de los alumnos que generalmente están muy influenciados por las parrillas programáticas de las radios FM, que difunden mucha música tropical y reggaetton. En un principio les resulta ajeno, pero a medida que se van adentrando en la entrevista, van reaccionando y comentando lo necesario que es tener diversidad. En ese sentido ha sido una experiencia muy nutritiva, tanto así, que hoy en día ya están sesionando alumnos en pequeñas cápsulas del programa.

A modo de ejemplo, les ofrecemos los siguientes podcast de estudiantes:

¿Qué uso(s) crees tú que los profesores/as del área pueden darle al material que publicas?

La metodología puede ser variada, pero principalmente se debiera entender que dentro de la estética del programa adquiere gran connotación la valoración del silencio como medio y como base del respeto. En segundo lugar, la actitud de entrega del programa debe ser motivadora entendiendo que el formato un tanto esquelético de las sesiones (sólo guitarra y voz) podría desmotivar a los alumnos. Finalmente, sería sumamente positivo que se realizara una conversación grupal luego de las audiciones, de manera de compartir las experiencias.

¿Hay alguna entrevista que haya llamado tu atención o que te haya impresionado en particular?

Si es así, ¿cuál(es) y por qué? En realidad todas las entrevistas hechas hasta ahora han sido muy nutritivas en un sentido musical y en un sentido humano. De hecho creo que salí a buscar músicos y encontré personas. En ese sentido tal vez podría comentar la entrevista que hice a un músico Aysenino que lleva años en Valparaíso. Comento esta entrevista pues fue la tercera que hice y en donde yo no busqué al músico, es decir, se dio la instancia previa en facebook sin conocernos y resultó ser una entrevista muy cálida en donde incluso terminamos tomando mate y “once”. El músico es Alonso Nuñez y tiene una propuesta musical muy interesante desde la perspectiva que aborda su trova desde la realidad nacional y desde el amor, una mezcla que retoma la tradición de Víctor Jara, por ejemplo.

Pueden escuchar el podcast aquí:

¿Cuál es para ti la importancia de la educación musical en la formación de las personas?

La formación musical en las personas es de alta relevancia, puesto que nutre un montón de capacidades intelectuales y emocionales. Es un elemento muy enriquecedor e integral. Esto no lo descubro yo, sino que existen múltiples estudios al respecto. Lamentablemente hoy en Chile, a mediados de 2011, se firmó el decreto 1363 que reduce las horas de educación artística en los colegios dejándola con 1 hora semanal y quitándole la obligatoriedad de enseñarla, esto quiere decir que queda en manos de los sostenedores y directores de los colegios poder impartir la música en los colegios. Esperamos con estas iniciativas y la coordinación que actualmente estamos ejerciendo con el PROPMUS poder generar conciencia para que la clase política entienda la necesidad que tiene el país de impartir una buena educación musical.

¿Cómo piensas Quinta Justa en el futuro? ¿Cómo te gustaría que fuera?

Bueno, postulé a un Fondart, que finalmente no salió. Lo comento pues esa es la idea en un futuro cercano. Se trataba de llevar al músico a la sala de clases y grabar el podcast desde la sala de clases en donde los mismos alumnos generan la entrevista, luego eso se sube a la red y se trabaja con un conjunto de profesores que difunden la iniciativa y comparten las experiencias en reuniones periódicas para monitorear la actividad. Finalmente, se hacen conciertos en colegios transmitidos via streaming en coordinación con colegios asociados a la iniciativa que verían la transmisión generando interacción a través del chat. Todo esto genera un costo que espero poder cubrir a través de fondos concursables o algún auspicio.

Finalmente, me gustaría que la idea trascendiera a otras regiones de manera de poder grabar de distintas regiones del país y en distintos colegios, ¡eso sería genial!

Agradecimientos:

Quisiera agradecer a Anotación Negativa por su interés en la educación chilena y por su aporte por medio de la investigación y la reflexión. Además saludar a Daniela Medina, quien hizo posible la vinculación con este blog.

Si quieres escuchar más poscast, puedes ir a la siguiente dirección:

http://www.podcaster.cl/category/musica/quinta-justa/  

También puedes buscar a Quinta Justa en Facebook (Quinta Justa) y en twitter (@quinta_justa).

RECOMENDAMOS: DOCUMENTAL “UN CIERRE DE MUY MALA EDUCACIÓN”

Uno de los temas que hoy se siguen trabajando y negociando silenciosamente en el ámbito de la educación es la modificación al sistema de administración municipal. Si bien el gobierno reconoce los problemas que dicho sistema ha generado, lo que propone no dista demasiado de la situación actual, ya que se trata de Agencias Locales de Educación, sin ninguna intención de devolver al Estado su responsabilidad por el sistema educativo. Dichas autoridades, si bien incluyen (como minoría) voces de la comunidad local, tienen como autoridad última al alcalde, por lo que no existe claridad acerca de la forma en que en esta nueva estructura de gobierno local evitará lo que el mismo MINEDUC ha criticado del sistema actual: su “alta sensibilidad al ciclo político” (MINEDUC, 2011: 26).  

El equipo de Difamadores fue de los pocos medios que siguió el caso del cierre del Liceo Villa La Pintana a fines de 2010, único liceo científico-humanista de la comuna, argumentando que su matrícula era muy baja y que el establecimiento tenía un déficit millonario. El año pasado se publicó un documental que resume la investigación de Difamadores. Allí se da evidencia de razones muy diferentes para su cierre, revelando un déficit inflado por cuentas que no eran reales, así como un cierre sistemático de cursos por parte del municipio, lo que finalmente desembocó en la baja de matrícula. El alcalde Jaime Pavez, que ha sido incluido como parte del panel de expertos del MINEDUC, no logra responder de manera convincente a las acusaciones que se plantean a través de este reportaje. Tras ver el documental, hay una sensación de impunidad y la pregunta persiste acerca de qué pasa con estas irregularidades, quién controla a las municipalidades y la forma en que el dinero de educación circula en ellas, cómo el mismo alcalde puede seguir a cargo de la comuna sin ningún cuestionamiento oficial, y qué pasa con todos esos estudiantes que se identificaban con su liceo y que conformaban una comunidad educativa.

El valor de este material, creemos, además del caso concreto del Liceo Villa La Pintana, radica en que ilustra la forma en que funciona hoy el sistema municipal de educación en nuestro país, con una lista de vicios más comunes de lo que se dice, y que probablemente son transversales a todos los partidos políticos. Recomendamos este documental porque creemos que contribuye a la discusión en torno a lo que la descentralización de la educación ha significado en Chile, y porque confirma que continuar en esa línea, como lo hacen las Agencias Locales de Educación, no constituye una solución adecuada a la situación actual. De seguir así, lo único que se logrará será terminar de aniquilar la educación pública chilena y suponemos que nadie quiere eso (o casi nadie).

El documental completo se presenta a continuación:

FUENTES

MINEDUC. Informe final: segunda etapa. Fortalecimiento de la institucionalidad pública. Panel de Expertos para una Educación de Calidad. Santiago: Diciembre 2011.